Veredicto sin precedentes :se le ordenó al SRSO pagar $1.7 millones a la familia del preso que se quitó la vida
Por Colin Warren-Hicks Cortesía de Pensacola News Journal | Publicado originalmente el 18 de octubre de 2021
El jurado en un caso civil federal otorgó más de $ 1.7 millones a la familia de un hombre que se quitó la vida en 2016 mientras estaba bajo vigilancia por suicidio en la cárcel del condado de Santa Rosa.
La semana pasada, el jurado encontró que los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Rosa que fueron asignados a monitorear a José “Fran” Escano-Reyes cuando se quitó la vida el 7 de abril de 2016, no siguieron las políticas escritas que dictaban que los presos bajo vigilancia suicida fueran monitoreados continuamente.
El tribunal dictaminó que Escano-Reyes fue privado de sus derechos humanos luego de que al menos un diputado admitiera en el tribunal no haberlo revisado adecuadamente y haber falsificado documentos para encubrir su negligencia.
Se ordenó a la SRSO que le pague a Jessica Rogers, la representante personal del patrimonio de Escano-Reyes y madre del hijo de 8 años que tuvo con el, $1,762,500 en daños.
El abogado principal del equipo legal de Rogers, Bradford Sohn, calificó la demanda como uno de los casos “más importantes” que espera litigar en su carrera.
“Para dejarlo claro, estos casos son realmente difíciles y rara vez se ganan,” dijo Sohn. “No han habido tantos casos de suicidio en la cárcel que realmente se juzguen, y es particularmente raro en las regiones de Florida, Georgia y Alabama que se hayan ido por el camino de los demandantes. Así que esto es bastante único. Hasta donde sabemos , este es un veredicto que establece un récord .”
La demanda se presentó inicialmente el 6 de abril de 2018, y cuando llegó a juicio a principios de este mes, el caso tenía tres acusados, incluidos los diputados de SRSO John Gaddis y Michelle Bauman, quienes eran responsables de monitorear a Escano-Reyes.
El tercer acusado era el alguacil del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, quien no era alguacil cuando ocurrió la muerte en 2016, pero es nombrado representante de la SRSO. En el momento de la muerte de Escano-Reyes, Wendell Hall era el alguacil del condado de Santa Rosa.
Johnson le dijo al News Journal el viernes que el equipo legal que representa a la SRSO probablemente apelará la decisión.
“Va a estar bajo apelación, por lo que todavía no se le pagará a nadie. Pero si se mantiene, no saldrá del dinero de los impuestos. Saldrá de nuestro seguro que tenemos básicamente a través del Fondo de Riesgos de la Asociación de Alguaciles.” él dijo.
El juicio comenzó con la selección del jurado el 4 de octubre y concluyó el miércoles por la noche después de que los jurados deliberaran durante cerca de 15 horas antes de llegar a su veredicto.
“Este fue un caso, como yo lo vi, de una infracción realmente grave, y nadie debería ser tratado de esta manera,” dijo Sohn. “Las cárceles son lugares donde obviamente albergan a personas que están en espera de juicio. Hay personas que han cometido delitos relacionados con las drogas o tal vez se encuentran en malos momentos de su vida, pero no importa quién eres o por qué estás allí, se supone que puedes obtener atención de salud mental básica para no terminar solo en su hora mental más oscura. Y eso es lo que sucedió aquí .”
Lo que sucedió en la cárcel del condado de Santa Rosa
Escano-Reyes fue arrestado el 7 de enero de 2016 por conducir sin licencia.
El joven de 28 años había vivido en los EE. UU. desde los 12 y asistió a la escuela secundaria en Tennessee, pero nunca obtuvo la ciudadanía estadounidense. Su condición de inmigrante indocumentado lo llevó a ser encarcelado sin derecho a fianza.
Luego de varios meses en la cárcel, Escano-Reyes informó a un diputado de la SRSO el 2 de abril de 2016 que tenía intenciones suicidas.
“Realmente no tenía antecedentes de enfermedad mental ni nada,” dijo Sohn. “Este es un tipo que no era un criminal empedernido y se encontró en la cárcel, y creo que básicamente tuvo una crisis nerviosa.”
Escano-Reyes fue puesto bajo vigilancia de suicidio y obligado a usar una bata de suicidio, una prenda de vestir ajustada para evitar autolesiones.
El 6 de abril de 2016, el día antes de que Escano-Reyes se quitara la vida, el personal de la cárcel documentó en un informe de incidente que usaron una silla de sujeción para someterlo después de observarlo “haciendo declaraciones delirantes” y ver que “se había acumulado una cantidad significativa de saliva.” en el piso ,” según los documentos de la demanda.
Al día siguiente, Escano-Reyes había sido colocado en una celda de detención y los diputados Gaddis y Bauman fueron asignados para vigilarlo. Comenzaron su turno a las 6:45 a.m.
La política de la cárcel les obligaba a monitorear continuamente a cualquier preso suicida que estuviera alojado solo y “documentar controles físicos escalonados de 15 minutos” en un “formulario de vigilancia de cerca.”
Aunque la celda de Escano-Reyes tenía una gran ventana en el centro de su puerta a través de la cual se podía ver la totalidad de la celda, se colocó una sombra sobre la ventana, oscureciendo la vista hacia la celda durante la totalidad del turno de Gaddis y Bauman hasta que Escano-Reyes fue encontrado colgado en su celda con su bata suicida alrededor del cuello.
Posteriormente, los agentes admitieron ante los investigadores que cuando escucharon a Escano-Reyes gritar en español entre las 8 y las 9:45 a.m. de ese día, no habían intentado convocar a un agente de habla hispana para que les contara lo que estaba diciendo.
“El acusado Gaddis reconoció que no hizo ningún intento de vigilar de cerca a Fran el 7 de abril de 2016. También admitió que, si bien Fran hizo repetidos intentos de suicidio, estaba ocupado revisando su cuenta de Facebook, viendo ESPN.com, y socializar con otros empleados de la cárcel,” según la denuncia presentada ante el tribunal. “La acusada Bauman reconoció que, con la excepción de un control inicial a las 7 a.m., tampoco hizo ningún intento de realizar un control de cerca de Fran en su celda.”
Los agentes permanecieron sentados detrás de su escritorio, a unos 30 pies de Escano-Reyes, durante cuatro horas hasta que otro recluso lo encontró muerto en su celda.
“Fran languideció en el hospital durante varios días antes de morir finalmente a los 29 años,” decía la denuncia.
En la corte, Gaddis admitió que luego falsificó el formulario de vigilancia de cerca para que pareciera que en realidad había revisado Escano-Reyes en múltiples intervalos de 15 minutos, según las transcripciones de su testimonio que Sohn proporcionó al News Journal.
“Yo – de nuevo, reconozco haber falsificado ese documento allí mismo,” dijo Gaddis. “Los primeros cinco cheques de todos modos. Y yo no – yo nunca daría fe de que no mentí sobre ellos, pero no fue porque no pensé que me atraparían. Es porque yo – yo lo tomé por concedido que estaba durmiendo esa mañana, como hacen la mayoría de los reclusos a primera hora de la mañana.”
Gaddis y Bauman fueron sancionados después de la muerte de Escano-Reyes. Gaddis recibió una suspensión de 15 días de la SRSO y Bauman fue sometido a una suspensión de cinco días, según documentos judiciales presentados por el equipo legal de Rogers.
Johnson dijo que Gaddis no es empleado de la SRSO. Bauman todavía trabaja como diputado.
¿Quién paga la factura de la demanda?
Aunque los honorarios de los abogados aún no se han calculado en el caso, Sohn dijo que espera que cuando los honorarios legales de su equipo se combinen con los $ 1.7 millones otorgados a Rogers, el total podría exceder los $ 5 millones, que es el monto máximo de la póliza de seguro de la SRSO.
Si ese fuera el caso, la SRSO podría verse comprometida por pagar el resto del dinero adeudado.
“Tuvimos un equipo de abogados bastante serio en este caso durante tres años y medio,” dijo Sohn. “Entonces, cinco abogados durante tres años y medio con la potencia de fuego que teníamos en el equipo, va a haber una propuesta importante para el pago de los honorarios de los abogados.”
Michael Stephenson, jefe de reclamaciones de responsabilidad del Fondo de Gestión de Riesgos de la Asociación de Alguaciles de Florida, confirmó por correo electrónico que la cobertura de seguro de la SRSO a través del fondo es de hasta $5 millones.
Sin embargo, el alguacil no estuvo de acuerdo con la estimación de Sohn de los honorarios de los abogados y dijo que no se gastaría dinero público para pagar la demanda.
“No. 1, el juez nunca permitirá $3 millones de dólares en honorarios de abogados,” dijo Johnson, antes de reiterar su creencia de que el caso sería apelado.
Luego agregó: “Pueden pedir lo que quieran. Pero es lo que les da el juez.”
