El gobernador de La Florida firma polémicas ciudades santuario prohibidas en ley
SHALIMAR, Fla – El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, fue a Shalimar el 14 de junio para firmar una ley controvertida, SB 168, prohibiendo las ciudades santuario en todo el estado. Firmó el proyecto de ley junto a algunos de sus colegas legisladores republicanos, entre ellos el congresista Matt Gaetz y el senador Doug Broxon.
Fuera del evento, un pequeño grupo se reunió para protestar.
Se espera que la nueva ley sea impugnada en los tribunales.
Está previsto que la nueva ley entre en vigencia después del 1 de julio de 2019 y se espera que sea impugnada en el tribunal.
Después del 1ro de Julio, los gobiernos locales y organismos de seguridad ya no tendrán criterio para ignorar las órdenes de detención emitidas por ICE para retener a personas en custodia local en nombre de ICE. El Condado de Alachua y otros condados que en este momento se han rehusado a cumplir estas órdenes de detención ya no tendrán este criterio bajo la SB 168.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) dice que creen que este mandato del estado es inconstitucional.
Segun su página de internet, FLIC dice la SB 168 es una estipulación vaga como requiere que todos los organismos de seguridad hagan su “mejor esfuerzo” para apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración. No saben exactamente cómo afectará a las comunidades.
“La discriminación aún está prohibida por el proyecto de ley y la ley federal,” dice la página.
La página también dice que cada centro penitenciario del condado deberá tomar parte en un acuerdo con ICE para alojar temporalmente a las personas sujetas a órdenes de detención de ICE, y para reembolso de los costos relacionados con ello. Este no tiene que ser un acuerdo 287(g) o Acuerdo Básico de Disposición (Basic Ordering Agreement).
“Todas las leyes o pólizas que difieran con estos nuevos mandatos deberán ser revocados en 90 días o el estado puede tomar acción legal,” dice el sitio.
Las órdenes de detención de ICE, algunas veces llamadas retenciones de inmigración, o detenciones de inmigración, son peticiones del gobierno federal a un organismo de seguridad para que retengan a personas y entreguen a personas quienes ICE sospecha que han violado la ley de inmigración. Esta retención dura 48 horas después de que alguien de otra manera fuese liberado de la custodia local, como por ejemplo cuando paga la fianza o cuando su caso es desestimado, y no incluye fines de semana o días festivos. Las órdenes de detención del ICE no son órdenes judiciales y muchos tribunales han sostenido que no facultan a los funcionarios locales para realizar arrestos. ICE ha admitido que las órdenes de retención son simplemente solicitudes y el cumplimiento de las mismas no es obligatorio bajo la ley federal. Sin embargo, el proyecto de ley SB 168 asigna un nuevo mandato a los cuerpos del orden locales para que las cumplan a pesar de las preocupaciones constitucionales expresado por FLIC.
“La mayoría de las violaciones de inmigración son cargos civiles, no penales, y los funcionarios locales no están facultados para hacer cumplir la ley de inmigración,” establece una página de preguntas-y-respuestas en el sitio web de FLIC. Ese poder sigue perteneciendo exclusivamente a los agentes federales.
FLIC informa que una vez que se activa una retención de ICE, los inmigrantes serán retenidos por hasta cuarenta y ocho horas, sin incluir los fines de semana o feriados, durante los cuales ICE puede retirar a una persona de la custodia local incluso si se ha pagado una fianza. Algunos, pero no todos, los tribunales locales han revocado la oportunidad de publicar una fianza cuando hay un registro de ICE registrado. Si una persona publica una fianza y luego es puesta bajo custodia de ICE, él o ella todavía debe llevar un registro de su caso criminal local. Si no se presenta a una cita en la corte, incluso cuando se encuentra bajo custodia federal, se puede emitir una orden de arresto y la pérdida del dinero de la fianza.
El proyecto de ley SB 168 exige que las instituciones correccionales del condado celebren acuerdos con una agencia federal de inmigración para alojar temporalmente a inmigrantes con órdenes de retención y obtengan algún tipo de reembolso, como los acuerdos BOA o los acuerdos 287g.
Los BOAs son acuerdos entre ICE y los sheriffs locales en los que ICE promete pagar a los sheriffs $50 por cada inmigrante que tengan y entreguen a ICE.
“Crean una ficción legal de que la policía local está actuando en lugar de agentes federales, cuando de otro modo no tendrían el poder para hacerlo,” dice la página web de FLIC. “El costo real para los organismos de seguridad locales también es mucho mayor, lo que supone una carga financiera para los contribuyentes locales.”
FLIC dice que todavía se desconoce mucho sobre cómo se implementará la SB 168 que ha establecido una línea directa donde los inmigrantes pueden reportar violaciones de derechos civiles. Ese número de teléfono es 1-888-600-5762.
Florida governor signs controversial sanctuary cities ban into law
SHALIMAR, Fla. – Florida Governor Ron DeSantis went to Shalimar on June 14 to sign a controversial bill into law, SB 168, banning sanctuary cities across the state. He signed the bill next to some of his Republican lawmaker colleagues including Congressman Matt Gaetz and Senator Doug Broxon.
Outside the event, a small group assembled to protest.
The new law is scheduled to go into effect after July 1, 2019 and is expected to be contested in court.
After July 1, local governments and law enforcement agencies will no longer have discretion to disregard ICE-issued immigration detainer requests to hold people in local custody on behalf of ICE. Alachua County and other counties that have refused to fulfill these ICE detainer requests will no longer have this discretion under SB 168.
The Florida Immigrant Coalition (FLIC) says they believe this mandate from the state is unconstitutional.
According to their website, FLIC says SB 168 is a vague provision as it requires all law enforcement agencies to use “best efforts” to support the enforcement of federal immigration law. How it will impact communities is still unknown.
“Discrimination is still prohibited by the bill and federal law,” the site reads.
The site also says every county correctional facility will have to enter into an agreement with ICE to temporarily house people subject to ICE detainers and for reimbursement of the costs related to that. This does not have to be a 287(g) agreement or Basic Ordering Agreement.
“Any local laws or policies that conflict with these new mandates will have to be repealed within 90 days or the state can take legal action,” the site says.
ICE detainers, sometimes called ICE holds or immigration detainers, are requests from the federal government to a local law enforcement agency to hold people and turn over people who ICE suspects of violating immigration law. These hold lasts for 48 hours after someone would otherwise be released from local custody, such as when they post bail or their case is dismissed, and does not include weekends or holidays. According to ICE, detainers are simply requests and complying with them is not mandatory under federal law. However, SB 168 places a new mandate on local law enforcement to comply with them despite constitutional concerns expressed by FLIC.
“Most immigration violations are civil charges, not criminal, and local officials are not empowered to enforce immigration law,” states a question-and-answer page on the FLIC website. “That power still belongs exclusively to federal agents.”
FLIC advises that once an ICE detainer is triggered, immigrants will be held for up to forty-eight hours, not including weekends or holidays, during which ICE can pick up an individual from local custody even if a bond has been paid. Some, but not all, local courts have revoked the opportunity to post bond when there is an ICE detainer on record. If an individual posts a bond and is then taken into ICE custody, he or she must still keep track of their local criminal case. Failure to appear for a court date even when in federal custody can result in a bench warrant being issued and forfeiture of bond money.
SB 168 requires that county correctional facilities enter into agreements with a federal immigration agency for temporarily housing immigrants with detainers and getting some reimbursement, such as BOAs or 287g agreements.
BOAs are agreements between ICE and local sheriffs in which ICE promises to pay sheriffs $50 for every immigrant they hold and turn over to ICE.
“They create a legal fiction that local police are acting in the place of federal agents, when they otherwise would not have the power to do so,” says the FLIC website. “The actual cost to local law enforcement is also much higher, putting a financial burden on local taxpayers.”
FLIC says there is much still unknown about how SB 168 will be implemented and has established a hotline where immigrants can report civil right violations. That phone number is 1-888-600-5762.
