Legislatura de Florida aprueba SB 1718 Inmigración
FLORIDA – Esta semana, el Proyecto de Ley del Senado 1718 fue aprobado por la Cámara de Representantes de Florida con una votación de 83 a 36 y en el Senado de Florida la semana pasada con una votación de 27 a 10, y se envió al gobernador para su firma. La Cámara de Representantes de Florida emitió un comunicado de prensa indicando que la legislación fue creada para proteger los empleos estadounidenses y desincentivar la inmigración ilegal.
En su propio comunicado de prensa, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) describió la SB 1718 como dañina para las comunidades de inmigrantes en toda la Florida, ya que desalentaría a los inmigrantes de la Florida a acceder a la atención médica y prohibiría la financiación de las tarjetas de identificación comunitarias por parte de los gobiernos locales. El grupo de derechos civiles también dijo que la ley criminaliza a los floridanos que viajan al estado con inmigrantes que buscan un estatus legal, incluidos aquellos que están legalmente autorizados a estar en Florida durante ese proceso.
La ACLU dijo que, entre otras políticas “abominables,” el plan también impondría sanciones innecesarias y extremas para las personas y grupos que viajan al estado con inmigrantes y solicitantes de asilo, lo que conduciría a más detenciones de inmigrantes y ciudadanos por igual, y a más separaciones familiares. La ACLU dijo que el proyecto de ley es una extralimitación del poder del gobierno que afecta a todos los floridanos, incluidos los ciudadanos, los residentes legales y los inmigrantes indocumentados por igual.
Una vez que SB 1718 Inmigración se convierta en ley, Florida ya no reconocerá las licencias de conducir emitidas exclusivamente a inmigrantes indocumentados y requiere que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) emita citaciones y mantenga una lista de clases de conductores fuera del estado. licencias que no son válidas. La ley también prohibirá que un condado o municipio proporcione fondos para emitir tarjetas de identificación comunitarias para personas que no se encuentran legalmente en el país. La ley también requiere que las personas que están bajo custodia policial a las que se les ha emitido una orden de detención de inmigrantes envíen ADN a la base de datos estatal.
Un comunicado de prensa emitido por el senador republicano Blaise Ingoglia, quien también patrocinó la SB 1718, enumeró los siguientes detalles del proyecto de ley:
- Requiere que todos los empleadores públicos y privados con 25 o más empleados usen E-Verify
- Los empleadores que contraten inmigrantes indocumentados serán multados con $1,000 por trabajador, por día hasta que el empleador demuestre el cumplimiento de E-Verify
- Sanciones mejoradas y suspensión o revocación de la licencia para los empleadores que contratan inmigrantes indocumentados a sabiendas
- Los hospitales que acepten Medicaid deberán recopilar datos sobre el estado de ciudadanía de los pacientes e informar a la Agencia de Administración de Atención Médica (AHCA). El informe no puede revelar los nombres de los pacientes ni ninguna otra información de identificación personal.
- Sanciones penales mejoradas para aquellos atrapados participando en el contrabando de personas de inmigrantes indocumentados, y convierte el contrabando de personas en un delito grave de segundo grado
- Otorga al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida la autoridad necesaria para coordinar y brindar asistencia al gobierno federal en el cumplimiento de las leyes federales de inmigración y la respuesta a incidentes de cumplimiento de la ley de inmigración dentro o que afecten a Florida
- Elimina la autoridad para que inmigrantes no autorizados sean admitidos en el Colegio de Abogados de Florida
- Proporciona una asignación no recurrente de $12 millones a la División de Manejo de Emergencias para el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados
En una declaración pública, UnidosUS (anteriormente NCLR) dijo que “HB1617 nos afectaría a todos. Bajo HB1617, los empleadores y proveedores de atención médica de Florida se verían obligados a actuar como agentes del orden público y verificar el estado migratorio de cada empleado y paciente que recibe atención médica vital. Los floridanos que brindan servicios a inmigrantes, incluidas iglesias, abogados y proveedores de servicios sociales, podrían ser vulnerables a ser procesados por hacer su trabajo.
“Todos los floridanos deben permanecer unidos en oposición a esta legislación extrema que apunta a los inmigrantes y socava los derechos de todos los floridanos al servicio de la agenda política autoritaria del gobernador DeSantis.”
En respuesta a la audiencia, Kirk Bailey, director político de la ACLU de Florida, dijo: “Este proyecto de ley no tiene nada que ver con hacer de Florida un mejor lugar para vivir, no tiene nada que ver con mantener seguros a los floridanos. De hecho, daña activamente a los floridanos y criminaliza a las personas que interactúan con inmigrantes que están legalmente autorizados a estar en Florida. Desde un grupo de la iglesia que busca reunir a los solicitantes de asilo con sus seres queridos en Florida, hasta un padre que lleva a un grupo de niños a visitar universidades en Georgia, hay muchas personas que podrían ser criminalizadas si este proyecto de ley se convierte en ley.”
“Esto perjudica todos los días a los floridanos, a nuestros negocios y a nuestra economía, e incluso desincentiva a las personas a buscar atención médica. Solo hay una forma de describir este proyecto de ley impulsado por la Administración DeSantis: un completo abuso del poder del Estado y una violación de nuestras libertades. El impacto del proyecto de ley será vigilar las decisiones personales sobre quién viaja dentro y fuera del estado, y asume actividades nefastas para una gran cantidad de casos.”
“Este proyecto de ley también prohibirá a los gobiernos locales financiar identificaciones comunitarias, lo que solo perjudicará a las comunidades, personas y familias de Florida.”
“Los legisladores deben concentrarse e invertir en educación pública, vivienda asequible, acceso a la atención médica y creación de empleo para todos los floridanos en lugar de dañar a las familias inmigrantes y a las personas y organizaciones que interactúan con ellos.”
Florida Legislature passes SB 1718 Immigration
FLORIDA – This week, Senate Bill 1718 passed the Florida House by a vote of 83-36 and the Florida Senate last week with a vote of 27-10, and forwarded to the governor for signature. The Florida House of Representatives issued a press release stating the legislation was created to protect American jobs and disincentivize illegal immigration.
In their own press release, the American Civil Liberties Union (ACLU) described SB 1718 as harmful to immigrant communities throughout Florida as it would discourage immigrant Floridians from accessing health care, and prohibit the funding of community identification cards by local governments. The civil rights group also said the law criminalizes Floridians who travel into the State with immigrants pursuing lawful status, including those who are legally authorized to be in Florida during that process.
The ACLU said among other “abhorrent” policies, the plan would also impose unnecessary and extreme penalties for individuals and groups who travel into the state with migrants and asylum seekers, leading to more detention of immigrants and citizens alike, and to more family separations. The ACLU said the bill is an overreach of government power impacting all Floridians, including citizens, legal residents and undocumented immigrants alike.
Once SB 1718 Immigration is signed into law, Florida will no longer recognize driver’s licenses exclusively issued to undocumented immigrants and requires the Department of Highway Safety and Motor Vehicles (DHSMV) to issue citations and maintain a list of out-of-state classes of driver licenses that are invalid. The law will also prohibit a county or municipality from providing funds to issue community identification cards for individuals not in the country lawfully. The law also requires persons who are in law enforcement custody that have been issued an immigration detainer to submit DNA to the statewide database.
A press release issued by Republican Senator Blaise Ingoglia, who also sponsored SB 1718, listed the following details of the Bill:
- Requires all public employers and private employers with 25 or more employees to use E-Verify
- Employers that hire undocumented immigrants will be fined $1,000 per worker, per day until the employer proves compliance with E-Verify
- Enhanced penalties and license suspension or revocation for employers knowingly hiring undocumented immigrants
- Hospitals accepting Medicaid will be required to collect data on the citizenship status of patients and report to the Agency of Health Care Administration (AHCA). The report may not disclose patient names or any other personal identifying information.
- Enhanced criminal penalties for those caught engaging in the human smuggling of undocumented immigrants, and makes human smuggling a second-degree felony
- Provides the Florida Department of Law Enforcement with the necessary authority to coordinate with and provide assistance to the Federal Government in the enforcement of federal immigration laws, and response to immigration enforcement incidents within or affecting Florida
- Removes the authority for unauthorized immigrants to be admitted to the Florida Bar
- Provides a $12 million nonrecurring appropriation to the Division of Emergency Management for the Unauthorized Alien Transport Program
In a public statement, UnidosUS (formerly NCLR) said “HB1617 would affect all of us. Under HB1617, Florida employers and health care providers would be forced to act as law enforcement officials and verify the immigration status of each employee and patient receiving life-saving medical care. Floridians providing services to immigrants, including churches, attorneys, and social service providers, could be vulnerable to prosecution for doing their jobs.
“All Floridians must stand together in opposition to this extreme legislation that targets immigrants and undermines the rights of all Floridians in service to Governor DeSantis’ authoritarian political agenda.”
Responding to the hearing, Kirk Bailey, political director of the ACLU of Florida, said “This bill has nothing to do with making Florida a better place to live, it has nothing to do with keeping Floridians safe. In fact, it actively harms Floridians and criminalizes people who interact with immigrants who are legally authorized to be in Florida. From a church group seeking to reunite asylum seekers with loved ones in Florida, to a parent taking a group of kids to visit colleges in Georgia, there are many people who could be criminalized if this bill becomes law.
“This hurts everyday Floridians, our businesses and our economy, and even disincentivizes people from seeking medical care. There is only one way to describe this bill pushed by the DeSantis Administration: a complete abuse of State power and infringement on our freedoms. The impact of the bill will be to surveil personal decisions around who one travels within and out of the State, and assumes nefarious activity for a broad number of cases.
“This bill will also prohibit local governments from funding community IDs, which will only hurt Florida communities, people and families.
“Legislators need to focus on and invest in public education, affordable housing, healthcare access, and job creation for all Floridians instead of harming immigrant families and people and organizations who interact with them.”
